EFICIENCIA ENERGETICA PARTE II (NORMATIVA)

EFICIENCIA ENERGETICA PARTE II (NORMATIVA)

En esta publicación de nuestro blog, como segunda parte sobre la eficiencia energética, nos centraremos en la normativa, la cual surge como consecuencia de los antecedentes ya comentados en nuestra primera publicación en esta materia. No pretendemos extendernos en ello, al tratarse de una parte intensa y algo farragosa, por ello, preferimos dar pequeñas pinceladas y hacer algún esquema para ayudar a quien desee ampliar sus conocimientos sobre su marco teórico.
Para empezar, hemos creado un gráfico para situar en el tiempo la normativa de referencia en este tema, donde indicamos los antecedentes más destacados, la normativa europea (textos en azul) y la normativa española (textos en rojo), para obtener visualmente un resumen.
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Como ya comentamos en la primera parte, en 1987 se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible en el informe Brundtland, cuyo nombre real es Our Common Future (Nuestro Futuro Común), elaborado para la ONU por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Este informe pone en evidencia necesidades de restricciones, tanto de índole ecológico como moral, que garanticen la sostenibilidad del planeta. Poco a poco, se va adquiriendo conciencia de estas necesidades y especialmente las referidas al cambio climático.
No obstante, no fue hasta mayo de 1992 cuando se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMMUCC), que reforzó la conciencia pública a escala mundial de este gran problema, aunque no entraría en vigor hasta el 21 de marzo de 1994. En este documento se reconoce la responsabilidad de los países desarrollados en la intensificación de las emisiones, y se propone la creación de políticas que se apliquen a nivel internacional para estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero y permitir un desarrollo sostenible.
En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas. Tenía por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones del año 1990. Esto no significa que cada país debiera reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo, sino que este es un porcentaje a nivel global, cada país firmante del Protocolo de Kyoto tuvo sus propios porcentajes de reducción. La Unión Europea, asumió la obligación de reducir dichas emisiones en un 8% respecto al año base. Sin embargo, los compromisos asumidos por cada estado miembro varían, suponiendo para España la obligación de no superar en más del 15% el nivel de emisiones de 1990.
Por otro lado, la Unión Europea aprobó en diciembre de 2008 el Paquete de Energía y Cambio Climático que establece unos compromisos claros para 2020. Con estas medidas, la Unión Europea pretende alcanzar el denominado 20-20-20 para el año 2020, que consiste en la reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación a los niveles de 1990, que la producción procedente de energías renovables suponga un 20% del total y conseguir un 20% de mejora de la eficiencia energética.
Para lograr todos los acuerdos antes mencionados, la Unión Europea ha desarrollado diversas directivas y programas. Destacando entre ellas la Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que recientemente ha sido derogada por la Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010, cuyo plazo de trasposición era junio 2012.
La primera, la Directiva 2002/91/CE, establece la obligatoriedad de la certificación energética para edificios nuevos y reformas importantes, con una metodología común de cálculo, y los requisitos mínimos a satisfacer, así como la inspección periódica de calderas y sistemas de climatización.
Todos los estados de la Unión Europea debían trasponer esta Directiva a sus reglamentaciones nacionales antes del 4 de enero de 2006. España lo realiza por medio del Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación (RITE) y del Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
El 13 de abril de 2013, se publica en el BOE el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. De este modo, se deroga el RD 47/2007 por el RD 235/2013 incluyéndose en éste también los certificados para edificios existentes.
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Como resumen, se puede indicar que en España la normativa que pretende establecer pautas para la creación de un parque inmobiliario energéticamente más eficiente, es relativamente nueva, más si cabe, debido a los atrasos que viene sufriendo la trasposición de las Directivas de la Unión Europea en esta materia.
A continuación se presenta un esquema síntesis del marco teórico descrito en esta publicación para tener una visión de conjunto de lo anteriormente explicado.
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